“`html
La estafa inmobiliaria de los L’Abbate: 500 víctimas, más de US$ 40 millones y una nueva denuncia: “Siguen operando desde la cárcel”
LOS DAMNIFICADOS SOSTIENEN QUE LES OFRECEN DINERO PARA RETIRAR LAS DENUNCIAS Y QUE HAY REMATES DE TERRENOS QUE PODÍAN SERVIR PARA RESARCIRLOS.
HAY CINCO DETENIDOS Y PIDEN AMPLIAR LAS INDAGATORIAS A SUPUESTOS “TESTAFERROS”.
Durante más de una década, la estructura creada por Vito Antonio L’Abbate y sus hijos funcionó como una maquinaria silenciosa pero implacable. Entre contratos, fideicomisos, sociedades superpuestas y obras prometidas que nunca terminaban, cientos de familias entregaron los ahorros de su vida creyendo que estaban comprando su futuro hogar. Lo que realmente financiaban, según la resolución del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº40 del 1° de diciembre, era “una organización criminal” meticulosamente diseñada para defraudar, desplazar dinero y reinventarse cada vez que un edificio, una sociedad o un negocio comenzaba a mostrar grietas.
Vito, Emanuel, Juan Ignacio y Santiago L’abbate, y su ex colaborador Patricio Flores siguen presos. Pero varios de los damnificados denuncian que siguen operando desde la cárcel con emisarios que intentan seducir con dinero a las víctimas de la estafa para que retiren las denuncias, e incluso participando de remates de algunos de los bienes que podrían destinarse a resarcir a quienes perdieron miles de dólares.
La jueza Paula González no duda en describir al conjunto como una asociación ilícita estructurada, que operó entre 2012 y 2025 con dos jefes claramente identificados: Vito L’Abbate y su hijo Emanuel. Ellos coordinaban todo. Los otros integrantes Juan Ignacio, Santiago y Patricio Flores articulaban las operaciones de superficie: firmaban boletos, aparecían como representantes, figuraban como directores, fiduciantes, fiduciarios o apoderados según hiciera falta. El expediente sostiene que no había improvisación ni caos. Había una lógica. Y esa lógica era el fraude.
La resolución judicial reconstruye un sistema que nació con una estrategia deliberada y clara: captar fondos sin intención real de concluir los proyectos. Los L’Abbate se ubicaban en todos los roles posibles: eran fiduciantes, fiduciarios, desarrolladores, administradores y vendedores. Controlaban cada eslabón o tramo del negocio. Quien entregaba sus ahorros confiaba en una empresa que, en realidad, era sólo una pieza dentro de una “mamushka societaria”, un conjunto de sociedades creadas para confundirse entre sí y ocultar el destino del dinero.
Según la investigación, a lo largo de los años se crearon más de 20 sociedades nuevas, muchas de ellas después de 2019: Induplack S.A., Induplack Fiduciaria S.A., Icons Tech S.A., Integral Home S.A., Urdaneta Gas S.A., Iwin Aberturas S.A., Iglass S.A; Metro Arq S.A., Siberian Import S.A., entre muchas otras. Algunas se abrían para continuar un negocio que ya mostraba agotamiento; otras servían para recibir cobros de edificios que nunca avanzaban; otras, para firmar contratos de colaboración que derivaban la administración a la siguiente empresa en la cadena. La trama era tan elaborada que la jueza la describe como un entramado montado para “confundir patrimonios y garantizar la opacidad de los fondos”.
El expediente muestra como, lejos de destinar la plata a las obras, los imputados lo usaron para legitimar fondos que luego se movían entre las mismas sociedades del grupo. Nada volvía a los edificios. Nada financiaba el hormigón, las instalaciones o la escritura. Todo quedaba dentro del círculo L’Abbate.
La metodología se repetía una y otra vez. Los compradores firmaban un boleto de compraventa, pagaban en dólares, muchos pagaban el total al contado, y se les entregaba una fecha de finalización que jamás se cumplía. Algunos edificios estaban detenidos desde hacía años; otros jamás habían pasado del terreno baldío. Hubo casos en los que una misma unidad se vendió dos, tres o hasta seis veces. En las pocas obras con algo de avance, los imputados exhibían el progreso para atraer a nuevos compradores, pero el dinero recién ingresado no se destinaba a concluir el edificio: servía para tapar huecos de otros emprendimientos y mantener vivo el flujo de ingresos.
Más de 500 damnificados están probados en la causa, según enumera la propia jueza. Y un perjuicio económico que supera los 40 millones de dólares, entre dólares aportados, cuotas, efectivo recibido en mano, inversiones con renta fija que nunca se pagó y preventas desviadas. Cada damnificado representa una historia distinta: familias que pagaron todo y nunca recibieron nada; compradores que descubrieron que su unidad ya tenía otro “propietario”; inversores que firmaron contratos con rentas garantizadas que jamás existieron; proveedores a quienes se les debía meses de trabajo; compradores de cocheras que pagaron por un subsuelo que no estaba terminado. Todos quedaron atrapados en la misma red.
La resolución también concluye que la organización utilizó el Fondo Común de Inversión Quinquela + Predial, aprobado por CNV, como un canal paralelo: desde allí se ingresaban fondos bajo la apariencia de inversiones legítimas, mientras los propios L’Abbate participaban como cuotapartistas. La jueza afirma que el fondo fue instrumentalizado para blanquear capital y simular operaciones, no para financiar obras reales.
En cada uno de los cientos de casos incorporados, el patrón se repite con precisión quirúrgica: contratos bien redactados, boletos firmados, fechas estipuladas, promesas de entrega, reconocimientos de deuda, reventas, silencios, excusas y finalmente abandono. La estafa no está en un hecho aislado: está en el sistema completo.
La resolución del 1 de diciembre no sólo vuelve a procesar a todo el grupo; también redefine el rol de Emanuel L’Abbate, colocándolo junto a su padre en la jefatura de la organización. El juez afirma que ambos planificaban la estrategia general, decidían el destino del dinero y daban forma a cada nueva capa societaria destinada a mantener la fachada.
Después de años de denuncias dispersas, de promesas que se disolvían y de obras detenidas, el expediente integra por primera vez un mapa completo de la organización. Y lo que muestra es contundente: no se trató de un emprendimiento fallido, ni de una crisis del sector, ni de problemas circunstanciales. Fue, según la Justicia, una estructura criminal sostenida durante más de diez años cuya finalidad central era captar dinero bajo la promesa de viviendas que, para cientos de damnificados, nunca existieron.
LA POSTURA DE LOS DAMNIFICADOS
Los damnificados estiman que si se produce la elevación a juicio oral sin ampliar la investigación penal, se diluiría responsabilidades de terceros que han estado implicados, que son imputados y nunca declararon. Que la cantidad de damnificados amerita que hagan algo en interacción con la Justicia Civil y Comercial antes que no quede ningún bien (remate y quiebras).
Piden a la Justicia investigar a los supuestos, según un damnificado, “inversores que están haciendo ofrecimientos mínimos para que la gente retire la denuncia. Si no intentan seguir la ruta del dinero (familiares amigos testaferros) las víctimas nunca verán un centavo”, sostuvo.
Según el testimonio de una de las damnificadas, la sensación general entre las víctimas es de absoluta desprotección judicial. “La Fiscalía nos dice que ya hizo todo lo que podía, que la medida de no innovar es el máximo alcance que tienen”, contó, y explicó que incluso el embargo dictado sobre los cinco detenidos resulta inútil porque “ellos ya se insolventaron antes de caer presos y pusieron todo a nombre de testaferros, familiares y sociedades satélite”.
La mujer detalla que esas empresas paralelas,“Cotifan, Magisparty, Ewing, Iglas y todas las que armaron para mover bienes”, tampoco están siendo profundizadas en la investigación, lo que impide rastrear activos que podrían utilizarse para resarcir a los damnificados.
A esto se suma un desfasaje estructural del sistema judicial: aunque existe una medida penal que debería congelar los bienes, “la justicia comercial y civil sigue avanzando con remates y quiebras”, incluso sobre inmuebles como el de la calle Nicolás Repetto, sin acatar la orden de no innovar. Pero la situación más alarmante es la maniobra que, según las víctimas, se despliega desde la cárcel: emisarios enviados por Emanuel L’Abbate se presentan como supuestos inversores ajenos al clan y ofrecen “recomprar la deuda por un porcentaje mínimo para que renunciemos a las causas”, o bien hacerse de esos mismos inmuebles en los remates “por dos mangos”. Para la damnificada, el mensaje es claro: “Todo termina siendo un negocio para ellos, incluso estando presos”.
A este escenario se suma un nuevo punto de conflicto que expone, según los damnificados, las contradicciones entre los distintos fueros judiciales. Se trata del remate del edificio ubicado en la calle Nicolás Repetto, otro
